Desde la entrada en vigor de la ley en 2021, solo se han realizado 103 prestaciones (el 34,3%) de 300 solicitudes. Y el 63,8% de los médicos de familia son objetores
“¿Por qué no me dejan morir como quiero morir?”. Esta es la pregunta que Dolores Barrero le reiteraba a su hijo Lucas durante los dos meses y medio que transcurrieron desde que solicitó la eutanasia hasta que falleció el pasado 18 de febrero. Es muy similar a la que escucharon Gonzalo, Maxi, Marite o Laura -en su caso, nombre supuesto- de sus padres o sus parejas. La ley de la eutanasia entró en vigor en junio de 2021, pero Andalucía fue de las últimas en ponerla en marcha, en enero del año siguiente. Desde entonces, se han recibido 300 solicitudes, de las que se han realizado 103 prestaciones, el 34,3% -en lo que va de año, de 91 solicitudes, se han realizado 22, el 24%-. En el caso de los cuidados paliativos, 18.000 personas los reciben al año en la comunidad.
Sus casos evidencian, por un lado, que en Andalucía sigue sin aplicarse correctamente la ley 3/2021 que regula el derecho a solicitar y recibir ayuda para morir, por desconocimiento de su contenido, falta de formación de los profesionales sanitarios y de coordinación por parte de un sistema de salud con demasiados objetores, como viene denunciando la asociación Derecho a Morir Dignamente (DMD). Los últimos datos de objetores datan de 2024: 1.608 en total, de los que el 63,85% son médicos de atención primaria. “El porcentaje es muy bajo, pero porque muchos no se molestan en inscribirse por desconocimiento y porque se permite la objeción sobrevenida”, indica Eva Camps, portavoz de DMD, donde sospechan que hay muchos profesionales que aseguran ser objetores y no están en ninguna lista. Por otro lado, los testimonios también demuestran que la ley autonómica de cuidados paliativos, que es la vía por la que abiertamente aboga el Gobierno de Juan Manuel Moreno, tampoco se ejecuta correctamente.
