El procedimiento de adjudicación de los derechos a partir de 2027 incrementa también los requisitos técnicos que deberán cumplir para blindar la señal. Competencia discute algunas de las medidas
LaLiga da una vuelta de tuerca más a su estrategia antipiratería. La patronal futbolística, que acaba de poner en marcha el procedimiento de adjudicación de los derechos audiovisuales en España a partir de la temporada 2027-2028, incrementa en el mismo las exigencias que deberán cumplir en esta materia los operadores que adquieran la competición, tanto a nivel técnico como a nivel jurídico, pasando estos a tener un papel activo en la estrategia legal trazada por la entidad que preside Javier Tebas.
Como indica el documento de condiciones publicado por LaLiga, los socios televisivos a los que adjudique los derechos estarán obligados a acompañarla en el impulso de acciones judiciales contra distribuidores de señales fraudulentas y sus usuarios. El procedimiento, que está en fase de recepción de ofertas y que prevé su conclusión en diciembre, parte de una premisa ya presente en el anterior concurso: que estos operadores deberán “intervenir como perjudicados” en aquellos procesos que se hayan abierto contra terceros que emitan la señal de forma fraudulenta, sean instados o no por LaLiga.
