El líder del PP asegura que la nacionalidad española es “un regalo”, cuando la mayoría de extranjeros han de esperar 10 años y pasar un examen para acceder a ella
“No se trata de criminalizar a nadie por su condición de inmigrantes”, declaró este martes el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, antes de presentar un plan sobre inmigración que, de nuevo, y en perfecta sintonía con Vox, volvió a vincular a la población extranjera con la inseguridad y el Código Penal. No fue la única contradicción en la que cayó el presidente de los populares, quien se apoyó en hipérboles para asumir el discurso de la extrema derecha sobre la necesidad de “proteger los valores y los recursos” de los españoles frente al “descontrol” de la comunidad inmigrante y así “salvaguardar la unidad, la estabilidad e identidad de España”. Pero más allá del tono y el relato, el plan del PP incluye medidas que ya están recogidas en la legislación actual. Estas son las claves del plan y el discurso del líder de la oposición.
“La nacionalidad española no se regala, se merece”, declaró Feijóo. “No puede ser un mero trámite administrativo. Ser español no es solo vivir en España: es participar de un proyecto común, compartir una historia, unos valores y un destino. Por eso proponemos reforzar los requisitos de acceso a la nacionalidad. Queremos elevar el nivel de exigencia lingüística, cultural y constitucional”, añadió. Marcelo Belgrano, abogado con 35 años de experiencia en extranjería, coordinador de los servicios de extranjería y asilo del ICAM (Ilustre Colegio de Abogados de Madrid) y vocal de la subcomisión de extranjería del CGAE (Consejo General de la Abogacía Española), explica: “Para acceder a la nacionalidad española, los extranjeros de la mayoría de países [el ”caso general" para la Administración] han de acreditar, según el Código Civil, 10 años de residencia legal y continuada; dos si son de países iberoamericanos, Andorra, Filipinas, Guinea Ecuatorial, Portugal u origen sefardí y uno si están casados o casadas con un español o española". Además, se les exige un certificado de antecedentes penales y haber pasado el llamado examen de españolidad para demostrar el conocimiento del castellano y de la estructura política y legal española. Para presentar la solicitud han de pagar una tasa de 104,5 euros.
