El alcalde de Madrid puede dejar pasar el tiempo sin aplicar lo pactado o desdecirse con otra votación en el pleno, lo que supondría admitir un error
El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, busca ahora la salida del laberinto en el que se ha metido. Primero, su partido permitió el martes en el Pleno que saliera adelante una propuesta de Vox para difundir información “de manera obligatoria” sobre las supuestas consecuencias negativas que causa el aborto voluntario en las mujeres. Alcoholismo, depresión, aislamiento social o agresividad eran algunos de los síntomas recogidos en el texto bajo el término de “síndrome posaborto”. Dos días después de que el PP lo aprobara, el alcalde se ha desdicho al admitir que ese supuesto síndrome “no tiene soporte científico” y que la información que dará el Consistorio será solo a las mujeres que la soliciten y en los términos que decida su partido, apoyado en los profesionales del Ayuntamiento, lo que contradice el acuerdo plenario. ¿Qué alternativas tiene ahora el regidor para dar marcha atrás? La ley, en principio, es clara: está a tiempo de no seguir adelante.
El texto aprobado sobre el síndrome posaborto era una proposición de un grupo político de la oposición―Vox― y, por lo tanto, no tenía un carácter vinculante. Según los expertos juristas consultados por este periódico, no ocurre lo mismo con todos los acuerdos a los que se llega en el pleno. El Ayuntamiento sí tiene la obligación de cumplir aquellos que hayan pasado previamente por la Junta de Gobierno ―el equivalente municipal al Consejo de Ministros― como ocurre con las ordenanzas o los presupuestos. En este caso, no ha pasado todavía por la Junta de Gobierno ni se ha elaborado una ordenanza, requisito indispensable para que empiece a tener efectos prácticos.
