Madrid (EFE).- La defensa de Begoña Gómez, mujer del presidente del Gobierno, ha reiterado que no hay indicios para investigarla por malversación y ha enmarcado los correos entre su asesora y la Universidad Complutense a una «ayuda puntual» sobre la cátedra que codirigió y que, insiste, no le reportó ni un euro.
Y como, según el abogado, no existe «base fáctica» para imputar dicho delito, esta pieza de la causa que investiga el juez Juan Carlos Peinado no puede llegar a ser juzgada por un jurado popular (que es el competente para conocer el delito de malversación).
El abogado de Gómez, el exministro Antonio Camacho, en una imagen de archivo. EFE/Fernando Alvarado
Con estos argumentos, el letrado Antonio Camacho ha pedido a la Audiencia Provincial de Madrid que anule el auto en el que Peinado transformaba esta pieza separada en un procedimiento por la ley del jurado contra Begoña Gómez, su asesora, Cristina Álvarez; y el delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín.
En ella el juez trata de determinar si los tres incurrieron en un delito de malversación en el caso de que Cristina Álvarez, pagada con fondos públicos, se excediese en sus funciones de asesora y asistiese a Begoña Gómez en cuestiones profesionales y privadas.
