Malí, Níger y Burkina Faso denuncian la “justicia selectiva” del organismo, al que acusan de ser “instrumento de represión neocolonial en manos del imperialismo”

Los tres países de la Alianza de Estados del Sahel (AES), Malí, Níger y Burkina Faso —todos ellos gobernados por juntas militares resultado de golpes de Estado, y aliados de Rusia en el continente—, anunciaron el lunes su retirada del Estatuto de Roma y, por tanto, del Tribunal Penal Internacional (TPI) “con efecto inmediato”. Los tres gobiernos acusan a este organismo en un comunicado de ser “un instrumento de represión neocolonial en manos del imperialismo” incapaz de juzgar crímenes de guerra, contra la humanidad y genocidios ante los que mantiene un “mutismo inexplicable” mientras se centra casi en exclusiva en crímenes cometidos en África.

Los tres países, que suman una población de 70 millones de personas y que se adhirieron al Estatuto de Roma a comienzos de los años 2000, han mostrado su disposición a seguir cooperando “en la promoción y protección de los derechos humanos desde el respeto a la soberanía de los Estados”, pero manifiestan su frontal rechazo al TPI. A su juicio, esta jurisdicción es un ejemplo de “justicia selectiva” porque no actúa contra países del norte que cometen graves crímenes de guerra y, sin embargo, “se ceba contra ciertos actores que no pertenecen al círculo cerrado de beneficiarios de la impunidad internacional institucionalizada”, según el comunicado.