Human Rights Watch cifra en 263 los centros sanitarios atacados y 74 los profesionales sanitarios muertos desde el golpe de Estado de 2021
Hay una niña pequeña tendida en una camilla, con la pierna envuelta en vendajes empapados de sangre. Su madre, al lado, le sostiene la mano con fuerza. “Mi hija estaba jugando cuando, de repente, la golpeó un fragmento de una bomba arrojada desde un dron”, dice en voz baja. En una cama cercana está Zi Ya Tee, de nueve años. Un fragmento de mortero le atravesó la espinilla cuando estaba en casa con su familia. El pequeño hospital que acoge a estas dos pequeñas está escondido en la selva cerca del pueblo de Demoso, en el Estado de Karenni ―conocido hoy oficialmente como Estado de Kayah― al este de Myanmar. Es el corazón de la guerra civil que asola a este país del sudeste asiático desde el golpe de Estado de febrero de 2021 que dejó el control de Myanmar en manos de la Junta Militar.
Los ataques en Myanmar contra hospitales, escuelas e iglesias continúan, a pesar de que el 31 de julio, la junta levantó el estado de emergencia y anunció unas elecciones escalonadas entre diciembre de 2025 y enero de 2026. El pasado sábado, al menos 19 estudiantes de secundaria perdieron la vida en un bombardeo ordenado por la Junta Militar en el Estado Rakáin, en el que utilizaron 227 kilos de explosivos, según denunciaron el pasado 13 de septiembre en un comunicado la opositora Liga Nacional Arakán para la Democracia y el Ejército Arakán. Los observadores internacionales y la oposición, que ha anunciado que boicotearán los comicios, creen que son una mera fachada y que el general Min Aung Hlaing, que dirigió el golpe de Estado, seguirá siendo presidente o jefe del ejército después de los comicios.
