En noviembre pasado, mientras en Lima se realizaba el Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC), la presidenta mexicana Claudia Sheinbaum confirmó que no participaría del evento que reúne a decenas de líderes mundiales y que más bien la Secretaría de Economía se encargaría de representarla en las actividades programadas. Sheinbaum tenía apenas un mes en el Palacio Nacional, pero aquel desplante era la confirmación de que las tensiones entre aztecas y andinos a raíz del autogolpe de Pedro Castillo en el 2022 continuarían aún después del fin del mandato de Andrés Manuel López Obrador.
Han pasado diez meses y las tensiones solo se han agudizado con la última votación de la Comisión de Relaciones Exteriores del Congreso peruano al aprobar que se le declare persona non grata por haberse “entrometido” en asuntos de la política interna nacional y mostrar un talante “provocador y desafiante”. Moción que, si bien deberá debatirse y someterse a votación en el Pleno, refleja el quiebre de una relación que no tenía tantas fisuras en el pasado.
Durante el gobierno de Dina Boluarte se ha declarado persona non grata a los adversarios del régimen en el continente: Gustavo Petro y López Obrador. En el caso del presidente colombiano se elevaron los decibeles cuando calificó de “masacre” la represión de las fuerzas del orden en contra de los ciudadanos que protestaron en contra de Dina Boluarte. Es más, en una ocasión sostuvo que la Policía Nacional “marchaba como nazi en contra de su propio pueblo, rompiendo la Convención Americana de Derechos Humanos”. Con López Obrador sucedió lo mismo al remarcar que Castillo es un “presidente ilegalmente destituido”, dejando entrever que Boluarte usurpó el cargo.
