El Estado de Florida, dominado por el Partido Republicano, anunció esta semana que dejará de exigir la inmunización obligatoria infantil. El máximo responsable sanitario del Estado llegó a decir que toda obligación de vacunarse en “errónea” e “inmoral”. No se prohíbe la vacunación, pero no es obligatoria. Se trata de un disparate sanitario contra toda evidencia científica que pone en peligro especialmente a los niños en los colegios. Se produce, además, pocos meses después de que el país haya registrado la mayor epidemia de sarampión en 30 años.
Durante su primera presidencia, Donald Trump supervisó la campaña que produjo en un tiempo récord una vacuna contra la covid-19. Que en su segunda Administración haya puesto al frente del Departamento de Salud a un reconocido conspiranoico de la inmunización como Robert F. Kennedy Jr. habla con elocuencia del viaje de la peligrosa retórica de los antivacunas en el ideario global de la ultraderecha: de los márgenes de internet a situarse en el centro de la política de Estado de la primera potencia mundial.
Kennedy logró superar el rechazo de los senadores republicanos en su confirmación del Senado con su promesa, ampliamente rota en sus primeros seis meses, de que mantendría los estándares de vacunación pública. Al contrario, ha despedido a expertos en la materia y destituido, por su negativa a plegarse a sus exigencias reñidas con la ciencia, a la directora de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, organismo al que acusa de ser el responsable de los muertos por covid. También ha limitado el acceso a la vacuna contra el coronavirus y ha cancelado 500 millones para desarrollar vacunas de ARN mensajero que servirían para preparar al país, y al mundo, para la próxima pandemia. Todo forma parte de un peligroso plan para transformar, profundamente y al capricho de teorías conspirativas, la sanidad pública estadounidense. Un plan cuyos efectos globales pueden ser devastadores.
