La Fiscalía ha solicitado a la Sala de lo Contencioso-administrativo de la Audiencia Nacional que ordene al Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes el borrado de los antecedentes penales de Baltasar Garzón, quien fuera magistrado instructor de la Audiencia Nacional, condenado en 2012 a 11 años de inhabilitación por prevaricación por la grabación en prisión de las conversaciones de los principales cabecillas del caso Gürtel. El ministerio público da este paso en un proceso impulsado por el propio exjuez debido a la falta de respuesta de la Administración a sus reclamaciones a raíz de un dictamen del Comité de Derechos Humanos de la ONU, que concluyó en 2021 que existen “dudas” objetivamente justificadas de que tuviera “acceso a un tribunal independiente e imparcial”.
El Comité de la ONU instó a que el Estado español proporcionase una “reparación integral” a Garzón. Según recuerda el ministerio público en un escrito firmado por el fiscal Manuel Campoy, este órgano consideró que se debía proceder al borrado de los antecedentes penales; darle una “compensación adecuada por el daño sufrido”; “adoptar medidas para evitar que se cometan violaciones semejantes en el futuro”; y “publicar” tanto el dictamen como la decisión de admisibilidad del Comité, con la intención de darles “amplia difusión”.
