El pasado mes de mayo, la ministra de Sanidad del Gobierno de España, Mónica García, anunció una ayuda universal con un máximo de 100 euros para comprar gafas y lentillas para menores de 16 años. La medida tiene sentido porque los problemas de visión son una causa muchas veces oculta de fracaso escolar, es decir, de desigualdad de oportunidades. Pero hay muchas familias en España que pueden permitirse comprar gafas y no necesitan, sobre el papel, esos 100 euros. ¿Por qué hacer universal esta medida? ¿Cuál es la utilidad de que las ayudas públicas sean universales?
La escritora Carmen Domingo argumenta que lo importante no es si los ricos reciben ayudas que no necesitan, sino que cada uno pague los impuestos que le corresponden. El economista José Ignacio Conde-Ruiz cree que una administración moderna y digitalizada permitiría una mayor precisión a la hora de otorgar ayudas.
Hace tres meses, el Gobierno anunció que financiaría, a partir del próximo curso, las gafas y las lentillas a los menores de 16 años. El gasto no es alarmante, 48 millones de euros, si nos ponemos a pensar, por ejemplo, en el gasto en armamento. El programa, además, marca un tope de 100 euros por beneficiario. La medida, no hay duda, es buena. Sin embargo, la respuesta a esa mejora, en no pocos casos, ha sido quejarse de que Amancio Ortega —hubiera valido cualquier otro rico patrio— costearía las gafas de su nieto a costa del erario público.
