El vicesecretario de Hacienda del Partido Popular, Juan Bravo, que ha actuado este lunes como portavoz de la formación en rueda de prensa, ha acusado al Gobierno de “poner en riesgo la seguridad de España y la de sus aliados” por firmar un contrato con la empresa china Huawei por 12,3 millones euros para almacenar digitalmente comunicaciones interceptadas por las Fuerzas de Seguridad del Estado con autorización de jueces y fiscales. Los presidentes de los comités de inteligencia de la Cámara de Representantes y el Senado de EE UU, Tom Cotton y Rick Crawford, ambos del partido republicano, remitieron el pasado 16 de julio una carta a la directora de Inteligencia Nacional, Tulsi Gabbard, en la que le pedían revisar los acuerdos de intercambio de información secreta con España ante el riesgo de que esta caiga en poder de China.
El Gobierno sostiene que no existe ningún riesgo porque se trata de un sistema totalmente estanco, un almacén de grabaciones digitales sin conexión alguna con el exterior, por lo que no pueden producirse intrusiones ni fugas de información sensible. Y agrega que las grabaciones no afectan a la seguridad nacional porque no se trata de investigaciones del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) sino de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, en el marco de la lucha contra la criminalidad.
