Para mejorar, hay que tener conciencia de que se ha hecho mal. Errores forzados y no forzados, propios, como en el tenis. A estos últimos quiero referirme a la vista de la propuesta que hoy tiene el Gobierno de Cataluña sobre la mesa.
Un primer error e inmediato: haber conducido el acuerdo entre ERC y PSC de forma que obligue a las partes signatarias, y a nadie más. Se creyó que la amenaza con retirar el apoyo a los presidentes Illa y Sánchez sería suficiente como para que se respetara. Sin embargo, en política nada se puede fiar al futuro; el contrafactual de dejar caer al presidente Sánchez es ahora más horroroso que nunca, y se sabe que derribar hoy al president Illa solo mejoraría sus resultados en unas nuevas elecciones catalanas.
Segundo. La singularidad de la financiación no debía haber sido ‘Catalunya’, sino la propuesta de apertura conjunta de una nueva vía de financiación, basada en la capacidad fiscal, que complementara el régimen actual; una vía adicional, como prevé la Constitución (“nacionalidades y regiones”, “comunidades de la vía rápida y de la vía lenta”, “autonomías del artículo 143 y del 151”...). Especificar las condiciones generales de acceso a cada vía sería suficiente: la basada en las necesidades de gasto —el Estado lo recauda todo, y transfiere según las necesidades de gasto que estima por cada uno de los territorios— versus la vía de la capacidad fiscal —más responsabilidad fiscal, menos garantía de suficiencia—, y que cada uno decida desde la voluntad de autogobierno de la suya; siendo notorio que muchas CC AA quieren menos, y no más, autogobierno. ¡Esta vía sería singular por adicional, no porque la propusiera Cataluña! Así lo escribía yo en mi voto particular en la Comisión de reforma de la financiación autonómica de 2017.
