El Tribunal Supremo ha archivado una docena de querellas y denuncias presentadas por Vox y varias asociaciones y grupos ultras (como Manos Limpias, Abogados Cristianos y Hazte Oír) por la supuesta inactividad del Gobierno durante la dana que asoló Valencia el pasado octubre. Los magistrados, que consideran que “los hechos imputados no son constitutivos de delito”, han rechazado así las pretensiones de encausar al presidente del Ejecutivo, Pedro Sánchez; y a seis de sus ministros: Fernando Grande-Marlaska, Ángel Víctor Torres, Margarita Robles, María Jesús Montero, Félix Bolaños y Teresa Ribera (que dejó el cargo en noviembre). Entre los delitos que se les atribuían destacan los de omisión del deber de socorro, homicidio por imprudencia grave e, incluso, de lesa humanidad.
En su resolución, el alto tribunal explica que, para abrir una instrucción judicial, se requieren indicios suficientes sobre la supuesta actuación ilícita de un aforado. No vale con el simple “desacuerdo” con las decisiones adoptadas por el Gobierno, que “pueden considerarse desacertadas”. Ni tampoco “puede hacerse depender de la entidad de la tragedia acaecida y sus consecuencias”. En este sentido, la Sala de lo Penal del Supremo incide en que los denunciantes no han aportado elementos que apunten contra el Ejecutivo y recuerda que el derecho español no contempla la “responsabilidad penal por el desempeño de un cargo”.
