La sentencia contra Álvaro Uribe dictada el lunes por la justicia colombiana cierra, al menos por el momento, una causa de enorme trascendencia política después de casi 13 años de investigaciones. El expresidente del país andino, uno de los líderes más prominentes de las últimas décadas en América Latina, fue declarado culpable de los delitos de soborno de testigos en actuación penal y fraude procesal. Detrás de los cargos que desembocaron en la condena, sin embargo, hubo siempre otra sombra: los nexos con grupos paramilitares. Según el fallo, el exmandatario, de 73 años, instruyó a su abogado para que prometiera beneficios judiciales a distintas personas —entre ellas el exparamilitar Juan Guillermo Monsalve— para que testificaran en contra del veterano político de izquierdas Iván Cepeda. La acusación pública de este senador —que en 2012, durante una intervención parlamentaria, presentó testimonios de presos que vinculaban a Uribe y a su hermano con grupos armados ilegales— fue precisamente la espita de todo el proceso.
El próximo paso del periplo judicial se dará esta misma semana. El viernes se conocerá el detalle de la sentencia, aunque ya se sabe que los delitos acreditados conllevan penas de hasta nueve años de cárcel. Cabe la posibilidad, en cualquier caso, de que el expresidente cumpla condena en arresto domiciliario. La defensa del político ya ha anunciado que presentará un recurso contra el fallo el próximo 11 de agosto. Uribe, que gobernó Colombia entre 2002 y 2010, siempre ha defendido sin matices su inocencia en este caso. También frente las acusaciones de haber impulsado una política de incentivos dentro de las Fuerzas Armadas que, según el tribunal de paz del país, alentó al asesinato de miles de civiles ajenos al conflicto entre el Estado y las FARC.
