La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, quiere que el Consejo de Ministros del próximo martes apruebe una serie de permisos laborales para madres y padres. Es un compromiso del acuerdo de Gobierno, cuya falta de implementación implica una multa diaria de Bruselas de 9.000 euros a España, que a partir de agosto escalará hasta los 40.000. Este sábado, a tres días de la última reunión del gabinete previa al parón veraniego, fuentes de Sumar han trasladado su enfado por la falta de avances en el diálogo con los socialistas.
“Las negociaciones con el Partido Socialista no están avanzando como debieran. La parte socialista del Gobierno no ha mostrado hasta ahora la voluntad política suficiente para alcanzar un acuerdo satisfactorio y cumplir los compromisos de este Gobierno de coalición con el bienestar y la conciliación de las familias españolas”, indican desde el grupo que dirige Díaz. Al mismo tiempo, dicen que la aprobación de estos permisos para madres y padres es “una condición imprescindible para asentar la viabilidad de este Gobierno y de la legislatura”.
Desde Sumar vienen apuntando a un departamento específico del Gobierno como el culpable del bloqueo: el Ministerio de Hacienda de María Jesús Montero. A la vez, las mismas fuentes subrayan este sábado que no se van a “levantar de la mesa” hasta “garantizar que el acuerdo de gobierno se cumple y esta conquista social sale adelante”.
