La Audiencia Nacional ha abierto una investigación por ciberterrorismo y por un delito contra las altas instituciones del Estado por la reciente difusión a través de al menos dos chats de internet de ideología ultra de los datos personales de miles de personas, entre ellos el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, varios de sus ministros, presidentes autonómicos y otros altos cargos públicos, así como de militantes de partidos de izquierda, según han confirmado a EL PAÍS fuentes judiciales. La ministra portavoz, Pilar Alegría, ha indicado este viernes que las filtraciones “nos tienen que preocupar” y pide a la Justicia que “investigue y señale” a quienes han publicado los datos.
La decisión la ha tomado el titular del Juzgado Central de Instrucción número 1, Francisco de Jorge, tras recibir la semana pasada un informe de la Comisaría General de Información (CGI) de la Policía Nacional en el que le informaba que en un chat de la aplicación de mensajería Telegram con más de 90.000 usuarios, dos de ellos bajo el seudónimo @akkaspace y @Pakito habían subido el pasado jueves un documento en el que aparecían los domicilios, teléfonos, números de DNI y direcciones de correo electrónico (algunos antiguos o erróneos, pero otros actualizados) de siete ministros ―entre ellos la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero― y varios exdirigentes del PP y de Podemos.
