Los asesinatos machistas son un problema estructural en España, y como tal nos interpela a todos, no solo a las autoridades. Si un solo crimen machista ya es un fracaso social, el horror de los seis conocidos entre el martes y el miércoles (cinco mujeres y el hijo de dos años de una de ellas) supone una emergencia nacional. A falta de que se confirmen como asesinatos por violencia de género dos casos —todo apunta a ello—, 18 mujeres han muerto este año a manos de sus parejas o exparejas, dos más que en el mismo plazo de 2024. Desde que hace 22 años comenzó la estadística oficial, las asesinadas ascienden a 1.312.
Recién iniciado el verano, cuando más feminicidios se registran, el Ministerio del Interior ha ordenado reforzar las medidas de protección a las mujeres en riesgo. El sistema de seguimiento de la violencia de género (VioGén) mantenía activos a 31 de mayo más de 102.000 casos, un 14,6% más que hace un año. Igualdad ha convocado para el 10 de julio al comité de crisis creado en 2022 para hacer frente a momentos con especial concentración de crímenes.
Cualquier medida que proteja mejor a las mujeres debe ser bienvenida. Ningún sistema es infalible, y la responsabilidad de un asesinato es solo de su autor, pero si la violencia machista es sistémica en España, la respuesta institucional ha de ser igualmente sistémica, todo el año, no solo en las épocas con más muertes. Y ampliarse especialmente en aquellos lugares con menos recursos, como las zonas rurales, o respecto a las mujeres más vulnerables, como las de mayor edad, las dependientes o las inmigrantes. Reducir las grietas en las medidas de protección salvará vidas.
