Cuando ya llevamos más de dos semanas en las que prácticamente toda España enlaza días que superan los 30 grados y noches en las que a duras penas desciende de los 20, una nueva ola de calor se aproxima y gran parte del país superará los 40 grados en las próximas jornadas. Una situación que en los núcleos urbanos se agrava debido a las islas de calor, un efecto que se intensifica en zonas densamente pobladas y con alta concentración de edificios, carreteras y otros elementos que absorben y retienen las altas temperaturas.
Las emisiones del sector transporte-movilidad son las únicas que siguen creciendo año a año en España. Ante el ineludible desafío climático y de salud pública que ello supone, la movilidad urbana se encuentra en un momento de transición crucial. O debería. Las Zonas de Bajas Emisiones (ZBE), que emergieron a principios de 2020, podrían reducir la contaminación, aliviar el calor e impulsar la transformación de la movilidad y el espacio público de las ciudades. Pero no está siendo así.
La urgencia de implementar estas zonas tiene triple justificación: ambiental, climática y sanitaria. Además, responde a obligaciones legales a nivel europeo y estatal en materia de reducción de emisiones y fomento del cambio modal en las ciudades. Más de 151 ciudades españolas estaban obligadas por la Ley de Cambio Climático y Transición Energética a implementarlas antes de 2023.
