Una alianza entre el PSOE, Vox, Unidas Podemos (UP) y el ex de Ciudadanos Francisco Igea ha permitido la aprobación de una nueva ley de publicidad institucional en Castilla y León en contra del PP, que gobierna en minoría. La norma, propuesta por UP, ha conseguido el respaldo de grupos antagónicos en lo ideológico, pero aunados para intentar revertir el modelo de subvenciones públicas a medios de comunicación en una comunidad donde el PP lleva al mando desde 1987. La iniciativa, cuyo desarrollo parlamentario intentó ralentizar el PP, impone que ningún medio de comunicación territorial tenga más de un 33% de sus ingresos globales provenientes de publicidad institucional. El propósito de la propuesta se centra en frustrar el alto volumen de medios, especialmente digitales, que subsisten gracias a fondos públicos, si bien el texto no precisa si ese porcentaje es de origen autonómico o si se incluye a Administraciones estatales.
El cambio de la ley actual, de 2009, se ha confirmado en la mañana de este miércoles en las Cortes autonómicas con el PP sin apoyos en el hemiciclo. El procurador firmante de la propuesta, Pablo Fernández, ha tildado el día de “histórico” y ha destacado la “angustia” en el PP, a quien “se les acaban más de tres décadas de control y compra con dinero público de los medios de Castilla y León, que explica que lleven 37 años gobernando, han utilizado buena parte de los medios, comprados con dinero público, para que les hagan propaganda y omitan a la oposición”. El procurador ha definido como “TeleMañueco” a Castilla y León Televisión, comandada por los constructores Antonio Miguel Méndez Pozo, el primer condenado por corrupción urbanística en la historia de España, y José Luis Ulibarri, implicado en la trama Gürtel.
