El Constitucional ha efectuado en su pleno de este lunes un importante primer paso para dar su aval a la ley de amnistía al rechazar de plano una consulta a la justicia europea sobre el encaje de esta norma con el derecho comunitario. La deliberación sobre este punto preliminar al análisis del contenido de la ley puso de manifiesto que la tesis de que había que plantear una cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la UE (TJUE) está en clara minoría en el tribunal de garantías. Esta posibilidad sólo fue defendida por los cuatro magistrados del bloque conservador, mientras que los seis integrantes del sector progresista coincidieron en estimar improcedente la idea de cortar la tramitación del fallo para esperar a que el tribunal con sede en Luxemburgo se pronuncie con respecto a las dudas que le planteó el Tribunal de Cuentas sobre la constitucionalidad de la ley. El borrador de sentencia, en todo caso, será modificado para reforzar el rechazo de la propuesta de consultar al TJUE. La idea fundamental es que la norma cuestionada no sólo es constitucional, sino coherente con la jurisprudencia de dicho tribunal europeo y con los principios y valores del derecho de la Unión.
La tesis del sector conservador es que el Constitucional asume un grave riesgo al descartar la posibilidad de consultar a la justicia europea, porque luego puede resultar desautorizado si más adelante el TJUE dictase una resolución crítica con respecto a la ley de amnistía. Esta conjetura encuentra un punto de apoyo en el reciente informe de los servicios jurídicos de la Comisión Europea en el que se subrayaba que dicha norma fue fruto de un pacto político para garantizar la investidura del candidato socialista. El bloque conservador estima –con matices entre sus miembros- que la prudencia hubiera aconsejado esperar a que el Tribunal de Luxemburgo contestara a las cuestiones prejudiciales que tiene pendientes.
