En un escenario político de creciente malestar y distanciamiento de varios socios con el Ejecutivo en las Cortes por el contenido demoledor de las informaciones y grabaciones que afectan a los dos últimos exsecretarios de Organización del PSOE, Santos Cerdán y José Luis Ábalos, el PP está intentando forzar una comparecencia urgente e inmediata del presidente, Pedro Sánchez, en el Congreso. El PP quiere que esas explicaciones, que el propio Sánchez ha prometido y pedido, sean tras el pleno ordinario de este mismo jueves. Los plazos para precipitar esa solución habría que acelerarlos tanto y consensuar tantos intereses contrapuestos que esa fecha parece inviable, pero el PP no renuncia y ha hallado aliados en socios habituales del Ejecutivo, todos menos EH Bildu, Sumar y PNV. El Gobierno esgrime para llevar esa sesión hasta el 9 de julio que el presidente está inmerso ya en una ronda de contactos políticos con los grupos esta semana y que tiene una ineludible e intensa agenda internacional. La tensión se ha apreciado al máximo en el inicio del pleno de este martes.
Sánchez anunció este lunes, en su nueva comparecencia en la sede federal del PSOE, que había pedido una comparecencia voluntaria y monográfica en el Congreso en la primera fecha disponible para dar su versión de todo lo que ha sucedido con respecto a Cerdán, Ábalos, y el caso Koldo, tras mostrarse decepcionado con su traición e indignado por el tono y cariz de algunas conversaciones que han trascendido sobre los que aceptó como dos de sus más próximos colaboradores en los últimos 11 años. También asumió que esa petición no podría sustanciarse de manera inminente en días porque tiene en estas próximas semanas y antes de que termine el mes una asamblea de Naciones Unidas en Sevilla, otra de la OTAN en La Haya, un Consejo Europeo, y el Comité Federal extraordinario del PSOE ya fijado para el 5 de julio, donde explicitará los cambios internos que quiere ejecutar en su partido.






