Cero. Nada. Eso es lo que quiere mantener el Gobierno de la Comunidad de Madrid, presidido por Isabel Díaz Ayuso, de las empresas que el Canal de Isabel II fue comprando o participando a principios de siglo para expandirse por todo América. La sentencia que entierra el proyecto es pronunciada el jueves por el consejero Carlos Novillo. “Vamos mejorando en las operaciones en el exterior, y nuestra intención es ir reduciéndolas a cero”, dice en la Asamblea, donde la oposición pide explicaciones sobre el agujero económico. Y así, con esas palabras, se oficializa el final de una apuesta alimentada por la ambición y el boom del Madrid de inicios del siglo XXI; investigada en el caso Lezo de corrupción; y que ahora tiene a la empresa pública enfangada en sendos pulsos judiciales con las autoridades de Colombia y República Dominicana. Un fracaso que el gobierno intenta aminorar con la promesa de ingresos por ventas y laudos favorables que aún no llegan.
“Calculamos que han perdido más de 100 millones de euros pagados con nuestros impuestos”, afirma Ana Cuartero, de Vox, que lleva varias legislaturas persiguiendo la pista del dinero. “No vamos a permitir que el PP pase página sin explicar claramente cuánto dinero hemos perdido por sus fraudes en Latinoamérica”, añade. Y advierte: “Con la sentencia de Lezo pendiente no basta con separar a Ignacio González [expresidente regional] de la vida política. Es imprescindible que el Gobierno de Ayuso explique las pérdidas acumuladas desde el inicio de las operaciones en Latinoamérica”.
