El auto del juez Hurtado que propone juzgar al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, y a la fiscal jefe provincial de Madrid, María Pilar Rodríguez Fernández, construye su relato acusatorio a partir de muchas suposiciones y escasos hechos probados; que apuntala con los testimonios que avalan su versión, mientras desecha los que la contradicen.
Estos son algunos los apartados más relevantes de un auto de 51 páginas:
Periodista perjuro. La acusación contra García Ortiz se sustenta sobre la presunción de que el fiscal general del Estado, tras reclamar el correo electrónico en el que la pareja de la presidenta madrileña reconocía haber cometido dos delitos fiscales, acabó “facilitándolo a un medio, la Cadena SER, para que le diera publicidad”. Sin embargo, esta afirmación tropieza con un obstáculo notable: sin revelar sus fuentes, el periodista que adelantó la noticia, Miguel Ángel Campos, ofreció una detallada explicación de cómo tuvo acceso al email antes de que llegara a manos de García Ortiz y “negó [ante el juez] que se lo hubiese proporcionado el fiscal general del Estado”. Para sortear este escollo, Hurtado niega credibilidad a la declaración del testigo y sugiere que este mintió “posiblemente condicionado, de alguna manera, por su deber deontológico de proteger la fuente de información”. El juez parece ignorar que el secreto profesional de los periodistas les obliga a no declarar sobre sus fuentes, en ningún caso a dar falso testimonio. Es decir, le bastaba con ampararse en el secreto profesional para no declarar.
